Pozuelo ordena el cierre definitivo del centro de refugiados del Gobierno por carecer de licencia
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha declarado el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras estudiar las alegaciones y el recurso de reposición presentados por el Ejecutivo central. La resolución, ya notificada, da por concluida una situación que el Consistorio califica de irregular y que se mantenía desde hace meses sin la preceptiva licencia municipal.
La instalación, cuya única licencia data de 2013 y corresponde a un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con hospedaje para 90 plazas, ha estado funcionando como un centro de acogida con más de 560 residentes, incluidos menores inmigrantes no acompañados. Esta actividad no está contemplada en la normativa urbanística vigente ni en la licencia otorgada, por lo que el Ayuntamiento considera que se trata de un uso completamente incompatible con el marco legal.
Cuatro meses para realojar a los residentes actuales
Atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las personas que actualmente residen en el centro, el Consistorio ha concedido al Gobierno un plazo excepcional de cuatro meses —el doble del tiempo de estancia medio reconocido por el propio ministerio— para proceder a su realojo.
Durante este periodo no se permitirá la entrada de nuevos residentes y el incumplimiento de esta condición supondría el cierre inmediato de la instalación.
La resolución municipal destaca además la falta de Transparencia por parte del Ejecutivo. En la inspección realizada por los técnicos el pasado 29 de julio, ni la entidad gestora ni el propio Ministerio permitieron el acceso a las instalaciones, dificultando la comprobación de las condiciones reales en las que se encontraban los alojados. A pesar de ello, las alegaciones del Ministerio reconocen que cientos de personas estaban siendo acogidas sin las condiciones ni permisos adecuados.
Desde el Ayuntamiento se reprocha al Gobierno central no haber iniciado en ningún momento el procedimiento para solicitar una nueva licencia de actividad acorde al uso que se estaba dando al centro, a pesar de haber sido notificado expresamente sobre la necesidad de hacerlo antes de finales de agosto. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha señalado que el intento de transformar un espacio habilitado para cursos de formación en un centro de acogida masiva, sin autorización y a espaldas de los vecinos, supone un abuso institucional y una grave irresponsabilidad.
Escribir un comentario