Pozuelo ordena el cese de actividad en el centro de inmigrantes de la localidad tras una inspección técnica
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ambos bajo gobierno del Partido Popular, han dado un paso firme contra el plan migratorio del Ejecutivo de Pedro Sánchez al ordenar el cese inmediato de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) situado en dicho municipio. Esta medida, adoptada tras una inspección técnica, se justifica en que el edificio no cuenta con la licencia urbanística necesaria para ejercer como centro de acogida, uso que requiere una calificación residencial de la que actualmente carece.
Según ha adelantado El Mundo, el consistorio ha detallado que las instalaciones —propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social— disponen de licencia para usos terciarios como hotel, docencia, auditorio o garaje, pero no para actividades de acogida residencial, tal y como exige la normativa urbanística vigente. El Ayuntamiento subraya además que el uso hotelero tampoco puede amparar su actual funcionamiento, ya que el Creade se emplea de forma “estable” y “permanente”, alejándose de la temporalidad con la que se justificó su apertura.
El Gobierno había anunciado su intención de trasladar hasta 400 menores no acompañados a estas instalaciones, dentro de su plan de redistribución de solicitantes de asilo llegados desde Canarias. Una medida que ha recibido una oposición frontal por parte de numerosos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, especialmente del PP, por haberse tomado sin diálogo previo y sin evaluar el impacto sobre los municipios afectados. La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha advertido de forma reiterada que el centro “no reúne las condiciones necesarias” para acoger a tal número de personas y ha criticado la “opacidad” del Ejecutivo central, al que acusa de actuar sin Transparencia ni coordinación.
Tras notificarse el cese, se abre un plazo de quince días para presentar alegaciones, aunque la tensión política ya es evidente. El Ayuntamiento ha remitido la resolución al titular del espacio y a la entidad social encargada de su gestión. La medida amenaza con paralizar no solo el plan de traslado de los 400 menores, sino también la continuidad del propio centro como espacio de atención a inmigrantes. En la actualidad, el número de personas acogidas en el recinto no ha sido oficialmente confirmado, lo que ha sido motivo constante de disputa entre el Gobierno central y el Consistorio.
Pozuelo de Alarcón se une así a Alcalá de Henares como epicentro de la resistencia al plan migratorio estatal. Ambas alcaldesas populares han denunciado públicamente la transformación de los centros, inicialmente concebidos como instalaciones temporales, en espacios de acogida prolongada, sin que se haya ofrecido información detallada sobre protocolos, capacidad o recursos.
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