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El Gobierno contraataca y propone usar el centro de refugiados de Pozuelo para acoger a los menores migrantes tutelados por la Comunidad de Madrid
La propuesta llega tras el auto del Supremo que exige al Ejecutivo asumir su responsabilidad, pese a que el CREADE está pendiente de cierre por orden del Ayuntamiento
El Gobierno central ha manifestado su intención de ofrecer plazas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón para acoger a los menores migrantes no acompañados que actualmente están a cargo de los servicios de protección de la Comunidad de Madrid y que han solicitado asilo. Así lo han trasladado fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, en respuesta al auto dictado por el Tribunal Supremo que ordena al Ejecutivo asumir la atención de estos menores en un plazo de 30 días.
El anuncio llega en un contexto de alta tensión institucional. El centro de Pozuelo se encuentra bajo orden de cierre por parte del Ayuntamiento del municipio, dirigido por la alcaldesa Paloma Tejero, que en septiembre resolvió cesar la actividad del centro por carecer de los títulos habilitantes exigidos. A pesar de ello, el Ministerio de Migraciones celebró recientemente un acto oficial en sus instalaciones, sin informar al Consistorio ni dar señales de acatar la resolución municipal. El propio Gobierno ha recurrido ahora la orden de cierre y ha solicitado medidas cautelares para frenar su ejecución, generando una pugna jurídica y política entre administraciones.
Ahora, el Ejecutivo plantea utilizar ese mismo centro como vía para dar cumplimiento a lo ordenado por el Supremo. Desde el Ministerio se asegura que se actuará “igual que se hizo con los menores de Canarias”, subrayando que toda acción se desarrollará “bajo el principio del interés superior del menor”, tal y como dispone el auto judicial. No obstante, el caso madrileño presenta notables diferencias con respecto al archipiélago, según reconocen los propios magistrados: la magnitud del problema es muy inferior, con entre 38 y 50 menores implicados frente a los miles acogidos en Canarias, donde sí se produjo una situación de hacinamiento grave.
El alto tribunal, sin embargo, ha dejado claro que el número de menores no puede ser una excusa para no actuar, ya que su derecho a ser acogidos en condiciones dignas está amparado por la normativa nacional y europea. De ahí que haya respaldado la medida cautelar solicitada por el Gobierno Regional, que en julio reclamó formalmente al Estado que asumiera la tutela de estos menores solicitantes de protección internacional.
El uso del centro de Pozuelo como recurso para dar cumplimiento a esta exigencia judicial no está exento de controversia. Desde el Consistorio se insiste en que el CREADE no tiene permiso para operar y que su clausura es una cuestión de legalidad administrativa, no de voluntad política. La alcaldesa ya ha advertido que agotará todas las vías legales para garantizar que la resolución municipal se cumpla, y ha pedido al Ministerio que explique públicamente cómo piensa compaginar la orden judicial con una instalación en situación irregular.
La respuesta del Gobierno se encuentra en estos momentos en manos de la Abogacía del Estado, que deberá dar forma a la actuación que presentará ante el Supremo en los próximos días. Mientras tanto, sigue abierta la incógnita sobre si el Ejecutivo respetará la legalidad urbanística dictada por el Ayuntamiento o priorizará su estrategia centralizadora, sin el consenso de las administraciones locales ni autonómicas.
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