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Pozuelo advierte al Gobierno que acudirá a la Fiscalía si traslada menores al centro ilegal con orden de cierre
Tejero acusa al Ejecutivo de actuar por venganza tras el fallo del Supremo que obliga al Estado a asumir su responsabilidad con los menores migrantes
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha cargado duramente contra el Gobierno tras conocerse su intención de utilizar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ubicado en el municipio para acoger a menores inmigrantes no acompañados. El centro, actualmente en funcionamiento sin licencia municipal y con una orden de cierre vigente, ha sido objeto de una intensa disputa entre el consistorio y el Ministerio de Migraciones, que ahora amenaza con aumentar su ocupación pese a su situación legal irregular.
La alcaldesa de la localidad, Paloma Tejero, ha calificado de “absoluta temeridad” la posibilidad de alojar a medio centenar de menores en unas instalaciones que, según el Ayuntamiento, no solo carecen del título habilitante necesario, sino que ya están albergando a más de 125 personas en condiciones que no han sido regularizadas. “Que tenga claro el Gobierno que este Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados ante semejante disparate”, ha advertido.
El malestar del Consistorio se ha intensificado tras conocerse el auto del Tribunal Supremo que respalda la postura de la Comunidad de Madrid y obliga al Ejecutivo central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo actualmente tutelados por la administración autonómica. Desde Pozuelo se interpreta que el anuncio del uso del CREADE es una reacción del Gobierno tras haber recibido este revés judicial. “Hay que ser muy irresponsable para, con el único fin de ‘vengarse’ del varapalo judicial que le ha propinado la Comunidad de Madrid, amagar con meter a estos chicos en un centro sin licencia, que no reúne las condiciones”, ha afirmado Tejero.
La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ofreció al Ejecutivo la posibilidad de regularizar la actividad del centro, y que incluso concedió un plazo de cuatro meses —que finaliza el 17 de enero— para proceder a su cierre y al realojo de las personas que allí residen. “No ha hecho absolutamente nada”, ha denunciado, señalando que el Ministerio ha seguido operando de forma unilateral, sin cumplir con los requisitos exigidos a cualquier ciudadano o empresa del municipio.
Ante este escenario, Tejero ha anunciado que, si el Gobierno intenta ejecutar el traslado de los menores al CREADE sin subsanar su situación legal, el Ayuntamiento pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía. “No vamos a permitir que se pongan en riesgo los derechos de los menores ni que se pisotee la legalidad urbanística y administrativa del municipio”, ha sentenciado. También ha cuestionado duramente la posibilidad de mezclar a menores no acompañados con familias y adultos en un mismo centro, sin las garantías necesarias.
La polémica en torno al centro de Pozuelo se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y diversas administraciones locales y autonómicas que exigen al Estado mayor responsabilidad y coordinación en materia de inmigración. Desde el Ayuntamiento se insiste en que no se trata de una cuestión ideológica, sino legal y de sentido común, al considerar que un Estado de Derecho no puede operar fuera de los cauces que impone su propia normativa.
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