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El Gobierno recurre el cierre del centro de menores migrantes de Pozuelo de Alarcón

El Gobierno recurre el cierre del centro de menores migrantes de Pozuelo de Alarcón

El Gobierno central ha decidido presentar alegaciones y un recurso de reposición contra la orden de cierre del centro de acogida de menores migrantes en Pozuelo de Alarcón, decretada el pasado 30 de julio por el Ayuntamiento de la localidad.

La decisión de Moncloa se produce en pleno conflicto político con varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas la Comunidad de Madrid, por el nuevo decreto de reparto obligatorio de menores migrantes.


La instalación, conocida como Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), está gestionada por la ONG Accem y depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Actualmente acoge a 395 menores en un centro con capacidad para 570 plazas, y desde su apertura en 2022 ha servido como punto de atención a refugiados, inicialmente ucranianos desplazados por la guerra.

El Consistorio pozuelero, encabezado por el Partido Popular, ordenó el cese de actividad del centro al considerar que no dispone de la licencia adecuada. Según el Ayuntamiento, el uso del centro como espacio de acogida para menores migrantes no se ajusta a la licencia de centro docente que figura en su expediente urbanístico.

Fuentes municipales han asegurado que las alegaciones y el recurso de reposición presentados por la Secretaría de Estado de Migraciones "forman parte de la tramitación ordinaria de este tipo de procedimientos" y subrayan que "no modifican la decisión firme de cierre del centro, por carecer de la licencia de uso correspondiente".

La ofensiva legal del Ejecutivo se enmarca en un contexto de fuerte confrontación institucional con los gobiernos autonómicos del PP, que rechazan frontalmente el nuevo decreto aprobado por Moncloa para redistribuir menores migrantes desde Canarias, sin diálogo previo ni provisión de medios. En el caso del centro de Pozuelo, el Gobierno pretendía destinarlo a la acogida de hasta 400 menores migrantes, adicionales a los 647 ya contemplados en el nuevo decreto.

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