Defensa penal de investigados: el caso Andriy Portnov

El miércoles 21 de mayo de 2025, Pozuelo de Alarcón se despertó con un suceso que ha conmocionado a la comunidad internacional: Andriy Portnov, exasesor de Víktor Yanukóvich, fue tiroteado frente al American School de Pozuelo mientras dejaba a sus hijas en el colegio.
La Policía Nacional sigue con las investigaciones para determinar si se trató de un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado o de un atentado de carácter político.
Para entender cómo se afronta la defensa de un investigado, anteriormente conocido como imputado, en un escenario tan complejo, hablamos con Eduardo Muñoz Simó, CEO y fundador de SIMÓ Abogados Penalistas, y profesor de la Universidad Católica de Murcia, quien expone las claves jurídicas y estratégicas.
Profesor Simó, ¿qué hace especialmente delicado un caso como este?
La combinación de alto impacto mediático y dimensión internacional convierte cualquier proceso en un reto formidable. Por un lado, el Juzgado suele partir de una presunción de que el hecho se cometió con alevosía —es decir, con un claro ánimo de asegurar el resultado de muerte— y aplica de entrada artículos del Código Penal por asesinato (art. 139 CP) que conllevan penas de 15 a 25 años.
Por otro, al plantearse una motivación política, se activan protocolos de seguridad y colaboración internacional que ralentizan la defensa. En estos contextos, nuestro primer paso sería analizar todo el procedimiento judicial, sus respectivas resoluciones y sus motivaciones para buscar si el mismo cumple con los preceptos legales exigidos, en caso contrario hablamos de nulidades del procedimiento que podrían acabar en una sentencia absolutoria.
¿Cómo se consigue eso?
No es ni mucho menos fácil. Básicamente:
1. Revisión exhaustiva de la cadena de custodia: si encontramos fisuras en la tramitación de las pruebas, balística, grabaciones de cámaras, podemos alegar su nulidad. En un caso reciente de SIMÓ Abogados Penalistas, logramos anular un dictamen pericial porque no se garantizó la custodia adecuada de las vainas extraídas del lugar de los hechos.
2. Peritajes independientes y peritos de contraste: encargamos pruebas ajenas a la investigación oficial para confrontar sus conclusiones. Cuando un proyectil no coincide con el arma atribuida a nuestro cliente, se crea una duda razonable insalvable.
3. Impugnación de las intervenciones telemáticas: en Pozuelo se incautaron teléfonos y registros GPS. Si la orden judicial no fue clara o la custodia quedó en manos de agentes de la investigación, esos datos pueden declararse nulos.
De este modo, se podría desmontar la versión de las acusaciones y obtener un resultado exitoso con una absolución.
¿Y la acusación de “ajuste de cuentas” o “crimen político”?
En la instrucción se barajan dos líneas:
⇒ Ajuste de cuentas vinculado a redes de crimen organizado, dada la ejecución a tiros y la huida del agresor a pie hacia la Casa de Campo.
⇒ Motivo político, por su pasado en la Administración de Yanukóvich y las sanciones internacionales que pesaban sobre él.
El objetivo de nuestro bufete de abogados hubiera sido neutralizar ambas: demostrar que no hay pruebas de encargo por parte de ninguna organización y que no existe vínculo directo con decisiones políticas recientes. Suele bastar con evidencia documental o testifical que pruebe la ausencia de nexo entre el acusado y esos contextos.
¿Qué recomendación daría al abogado que asuma este caso?
Como profesor, pero más como abogado experimentado por casos similares en los que he asistido al autor de los hechos, considero como puntos clave:
⇒ Anticipación total: desde el primer día, solicita copias de todas las diligencias,
grabaciones y atestados.
⇒ Peritos externos de confianza que te ayuden a reforzar tu hipótesis defensiva.
⇒ Comunicación transparente: informa a tu cliente sobre cada avance para que conozca en que punto os encontráis.
⇒ Presunción de inocencia: es tu mejor argumento en cada comparecencia.
Ante un problema relacionado con un delito grave, ¿cómo podemos localizarte?
Soy Eduardo Simó, CEO y Fundador de SIMÓ Abogados Penalistas.
Mi teléfono para responder a urgencias legales es este: 660860067.
Tenemos casos de éxito por toda España y si se trata de una urgencia legal de gravedad, me desplazo donde sea necesario. Estamos especializados en aquellos casos que te pueden llevar a la cárcel, no solo en delitos contra la vida como el aquí analizado, sino también en delitos graves como los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (violaciones, abuso sexual), extradiciones, etc.
SIMÓ Abogados Penalistas - Sede Central (Madrid)
Calle de María de Molina, 64, 1º A
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