Condenadas dos profesoras de la Fundación Gil Gayarre de Pozuelo por humillar a niños con discapacidad
Dos profesoras de un centro de educación especial de Pozuelo de Alarcón han sido condenadas a siete años de prisión por humillar de forma reiterada y sistemática a siete menores con discapacidad intelectual, la mayoría de ellos con síndrome de Down. Los hechos, ocurridos en un aula de la Fundación Gil Gayarre, han sido calificados por el tribunal como constitutivos de siete delitos contra la integridad moral, uno por cada niño afectado.
La sentencia, revelada por el diario El Debate, recoge que las docentes profirieron insultos, amenazas y menosprecios de forma continuada durante la jornada escolar. La situación de maltrato se descubrió en 2019 gracias a la decisión de unos padres preocupados por el estado anímico y físico de su hija, que comenzó a sufrir vómitos, ansiedad y retrocesos en su desarrollo. Ante la sospecha de un posible maltrato, colocaron una grabadora oculta en un peluche dentro de la mochila de la menor. Lo que escucharon confirmó sus temores: frases como "me dan ganas de matarte", "qué asco me das" o "te voy a amargar la vida", además de insultos humillantes como "gilipollas", "atontados" o "sois unos mierdas".
Las grabaciones revelaron una dinámica continuada de vejaciones, que incluía dejar a los menores solos en el baño como castigo, gritarles a escasos centímetros del rostro o impedirles salir al recreo. Todo ello sucedía en presencia del resto del grupo, agravando el efecto psicológico de los abusos. El tribunal ha determinado que las profesoras eran plenamente conscientes de la especial vulnerabilidad de los menores y que actuaron con desprecio hacia ellos, aprovechándose precisamente de su discapacidad para someterlos a un trato degradante. Por ello, la magistrada ha aplicado la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal por haber obrado por razón de la discapacidad de las víctimas.
Cada profesora ha sido condenada a un año de prisión por cada uno de los siete delitos, con una pena total de siete años. Asimismo, quedan inhabilitadas para ejercer funciones docentes o en centros especializados durante el mismo tiempo, y se les prohíbe acercarse o comunicarse con los menores durante dos años. Deberán además indemnizar con 5.000 euros a tres de las víctimas, y se establece la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Gil Gayarre, donde ocurrieron los hechos. La fundación, que gestiona centros para personas con trastornos del desarrollo, queda así vinculada al caso por omisión de control y responsabilidad institucional.
Durante el juicio, la defensa intentó anular las grabaciones aportadas por los padres, alegando que vulneraban el derecho a la intimidad. Sin embargo, la jueza ha declarado su validez probatoria por haber sido obtenidas en un contexto de protección frente a un posible delito grave, y ha considerado los audios como prueba clave para demostrar una conducta mantenida en el tiempo.
El fallo también impone a cada acusada el pago de las costas procesales y deja abierta la vía de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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