WHAT ARE YOU LOOKING FOR?
El Ayuntamiento de Pozuelo denuncia ante el juzgado las ilegalidades del centro de inmigrantes
El Ayuntamiento denuncia ante el juez que el Gobierno central mantiene un centro de inmigrantes con el doble de ocupación permitida, en un edificio cedido solo para emergencias y sin cumplir la normativa estatal ni municipal.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha presentado este martes, 20 de enero de 2026, sus alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Migraciones para frenar el cierre del centro de inmigrantes que el Ejecutivo central mantiene operativo sin licencia en la localidad. En su escrito ante el juzgado, el consistorio reitera que el uso actual de las instalaciones vulnera no solo la normativa municipal, sino también la estatal, al albergar una actividad distinta y de mayor envergadura para la que no dispone de autorización.
El centro, que en origen estaba destinado a alojar temporalmente a un máximo de 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social, acoge actualmente a 564 solicitantes de asilo de forma indefinida. Así lo reconoce el propio ministerio en los documentos entregados al Ayuntamiento el pasado verano, y que ahora han sido incorporados al procedimiento judicial. Esta situación genera, según el consistorio, un “riesgo cierto de hacinamiento” y constituye una modificación sustancial de la actividad, lo que obligaría legalmente a solicitar una nueva licencia de funcionamiento, algo que nunca se ha hecho.
Desde 2013, la única licencia concedida a ese edificio especifica que cualquier cambio en la clase de actividad o reforma sustancial debe ser comunicado al Ayuntamiento, y que será necesaria una nueva licencia para operar. Pese a ello, en marzo de 2022, la TGSS cedió el inmueble al Ministerio de Migraciones con el argumento de una actuación “única y exclusivamente” ligada a la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, en septiembre de 2023, el Gobierno transformó ese uso extraordinario en un centro permanente para solicitantes de asilo de todo el mundo, sin adecuar las instalaciones ni tramitar los permisos requeridos.
A esta irregularidad, añade el Ayuntamiento, se suman los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar aún más su uso, insinuando incluso en varias ocasiones la posibilidad de destinarlo a la acogida de menores inmigrantes no acompañados. Esta idea no se ha materializado, pero provocó que el Consistorio alertara de inmediato a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores por la gravedad de la propuesta.
Durante los cuatro meses transcurridos desde que el Ayuntamiento decretó el cierre, el Ejecutivo central no ha emprendido ningún paso para regularizar la situación en vía administrativa. En lugar de ello, ha optado por presentar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, acompañado de una solicitud de medidas cautelares para evitar que se ejecute la orden de clausura, cuyo plazo expiró el pasado sábado.
Ahora es el juzgado quien debe decidir si mantiene abierto el centro pese a su situación ilegal. Desde el Ayuntamiento se ha decidido respetar los plazos judiciales, prolongados debido a que el recurso del ministerio —presentado el 17 de noviembre— no llegó al consistorio hasta el 24 de diciembre, justo antes del parón navideño.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha criticado con firmeza la actitud del Gobierno central, al que acusa de incurrir en “una irresponsabilidad sin precedentes”. A su juicio, “cuanto más avanza este Ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas”. Tejero asegura que llegarán “hasta donde haga falta” para que se restablezca la legalidad.
Escribir un comentario