Pozuelo suaviza el impacto de la tasa de de basuras con rebajas fiscales y más progresividad
El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la recogida y tratamiento de residuos urbanos.
La medida, impuesta por la ley estatal 7/2022 promovida por el Gobierno central, fue aprobada en sesión extraordinaria gracias a los votos del Grupo Municipal Popular. VOX, PSOE y Somos Pozuelo votaron en contra.
La segunda teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Lucía Molares, subrayó que el objetivo de la modificación es “cumplir con el compromiso adquirido de que la ordenanza fuera lo menos gravosa posible para los vecinos”. Asimismo, insistió en que se trata de una medida “equilibrada, creativa y conforme a la ley”. En la misma línea, la alcaldesa Paloma Tejero defendió que la reforma permite compatibilizar la exigencia legal con la demanda vecinal de servicios públicos de calidad y una menor presión fiscal.
El texto incorpora cuatro nuevos tramos para establecer una cuota más progresiva y ajustada a las distintas realidades. Se prevé la aplicación de bonificaciones a partir de 2026, entre las que destacan un 20% para familias numerosas de régimen general y un 50% para las de régimen especial. Las personas jubiladas verán reducida su cuota en un 30%, y las entidades sin ánimo de lucro y personas vulnerables podrán acceder a reducciones de hasta el 95%.
También los centros educativos se beneficiarán de tarifas especiales, y se contempla una bonificación del 5% para quienes hagan un uso mínimo de cinco aportaciones a los Puntos Limpios. Las bonificaciones al compostaje se mantienen, con un 10% para quienes tengan sistemas domésticos o comunitarios, y se elevan al 20% en el caso de inmuebles donde se desarrollen actividades educativas.
Asimismo, se establece la posibilidad de fraccionar el pago de la tasa con una bonificación del 5% en el total del recibo, medida que se aplicará a partir de enero de 2026. Desde el consistorio se ha recordado que la norma estatal obliga a trasladar el coste íntegro del servicio a los vecinos, lo que en Pozuelo supone una inversión cercana a los diez millones de euros anuales. Desde el primer momento, el equipo de Gobierno manifestó su rechazo a esta exigencia legal por considerarla injusta y contraria al interés general, y ha trabajado en mitigar sus efectos mediante esta reforma.
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