La alcaldesa de Pozuelo exige al Gobierno el cierre del centro de refugiados por carecer de autorización

Blas Barrado Política 18 Diciembre 2025

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha remitido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reclamando información urgente sobre la situación del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas en el municipio. El Ayuntamiento decretó el pasado septiembre el cese de la actividad del centro, con un plazo máximo de cuatro meses para su desmantelamiento, que concluye el próximo 17 de enero.

En la misiva, la regidora madrileña afea al Ministerio la celebración este lunes de un acto oficial con motivo del Día del Migrante en el propio centro, pese a que su clausura ya fue ordenada formalmente por el Consistorio, al considerar que la actividad allí desarrollada carece de los títulos habilitantes requeridos. Asimismo, reprocha a la titular de Migraciones no haberla invitado al evento, lo cual califica como un gesto impropio y alejado de la institucionalidad exigible en estos casos.

Tejero recuerda que la resolución municipal advertía claramente que el CREADE no podía seguir operando en su ubicación actual sin la correspondiente autorización, y que el Ministerio disponía de un plazo de quince días para solicitarla. A día de hoy, según la alcaldesa, no consta ni petición alguna de regularización ni recurso judicial contra dicha resolución, cuyo plazo para ser impugnada venció el pasado 17 de noviembre.

En su comunicación a la ministra, la dirigente popular denuncia la total ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo central, tanto respecto a la orden de cierre como a la planificación del realojo de las aproximadamente 400 personas que residen en el centro. "No tenemos constancia de ninguna medida adoptada por el Ministerio para dar cumplimiento a la resolución ni de su voluntad de cesar una actividad que no tiene cobertura legal", ha subrayado.

En este contexto, Tejero ha instado al Gobierno a que detalle las medidas previstas para acatar la legalidad vigente, alertando de que el Ayuntamiento de Pozuelo "no se va a quedar de brazos cruzados" y que empleará todos los mecanismos jurídicos disponibles para asegurar que se ejecute el cierre en los plazos establecidos. "Les queda un mes para cumplir. Vamos a llegar hasta el final para que se respete la legalidad", ha recalcado la alcaldesa.