Tejero acusa al Gobierno de improvisar y exige paralizar el traslado de menores al CREADE de Pozuelo
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España la paralización inmediata del traslado de 400 menores inmigrantes no acompañados al centro CREADE ubicado en la localidad, calificando la decisión como “temeraria” y denunciando la falta de comunicación oficial al respecto.
Según ha declarado, la medida pone en riesgo tanto la protección de los menores como la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.
Tejero ha recordado que ayer remitió sendos escritos al Ministerio de Infancia y al delegado del Gobierno en Madrid solicitando confirmación oficial, explicaciones urgentes y los criterios utilizados para tomar esta decisión, sin haber recibido aún respuesta. En su opinión, el centro CREADE no reúne ni las condiciones materiales ni el espacio necesario para acoger a cientos de menores que requieren atención específica en materia de protección, apoyo psicológico, escolarización e integración. Por ello, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que vele por el cumplimiento de los derechos de los menores afectados.
La regidora ha subrayado que el centro, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue habilitado en origen como un recurso de emergencia para acoger a refugiados ucranianos y no como una infraestructura estable o permanente. Ha denunciado que el Gobierno pretende ahora transformar ese uso temporal en una instalación definitiva sin dotarla de los medios necesarios.
Tejero ha reivindicado una solidaridad auténtica, basada en criterios justos y sostenibles, afirmando que Pozuelo siempre ha demostrado ser una ciudad solidaria. No obstante, ha criticado con dureza la política migratoria del Ejecutivo central, acusándolo de provocar un “efecto llamada” con decisiones improvisadas y de tratar a los menores como “sacos”, mientras se culpabiliza a los municipios por falta de solidaridad.
Finalmente, ha exigido al Gobierno que rectifique, que ponga fin a lo que ha calificado como “caos”, y que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas para pactar ubicaciones y criterios razonables de distribución, lamentando que siempre sean los municipios madrileños quienes carguen con el peso de estas decisiones unilaterales.
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