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Arranca el juicio por una presunta macroestafa energética a residentes de La Finca

Arranca el juicio por una presunta macroestafa energética a residentes de La Finca

La Fiscalía solicita la absolución mientras las acusaciones reclaman hasta 8 años de cárcel en esta presunta macroestafa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha abierto este martes el enjuiciamiento de los hermanos Julio y Maite Torres por una presunta macroestafa energética perpetrada a través de una empresa del sector. Los acusados enfrentan acusaciones por haber captado inversores y clientes mediante un modelo comercial que, presuntamente, ocultaba la verdadera situación financiera de la compañía. El procedimiento afecta de manera destacada a residentes de la exclusiva urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Las posiciones de la acusación están divididas. La Fiscalía de Madrid ha solicitado la absolución de los acusados, mientras que las acusaciones particulares mantienen una línea más rigurosa. Estas últimas reclaman penas de hasta 8 años de cárcel por delito de estafa. De forma alternativa, piden las mismas condenas alegando administración desleal o apropiación indebida.

Conforme a las acusaciones, Julio y Maite Torres habrían ofrecido a sus clientes ahorros significativos en facturas energéticas y atractivas rentabilidades vinculadas a distintos proyectos del sector energético. Esta estrategia comercial habría permitido captar a un amplio número de clientes, entre ellos personas de elevado poder adquisitivo residentes en La Finca, así como otras personalidades conocidas, incluyendo al piloto Carlos Sainz.

En la primera sesión de este martes se han resuelto las cuestiones procesales previas. Los abogados de las partes han aportado documentación nueva al tribunal, aunque la vista principal ha sido aplazada. El próximo acto del juicio será celebrado el mes de febrero.

El tribunal deberá determinar si los hechos alegados son constitutivos de los delitos invocados por las acusaciones y, en su caso, fijar las responsabilidades penales y civiles derivadas del procedimiento. Las reclamaciones económicas presentadas en el caso superan ampliamente los siete millones de euros.

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