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Juicio a una red de explotación sexual afincada en Pozuelo
La Audiencia de Madrid juzga a cuatro acusados de captar a mujeres en Sudamérica y obligarlas a prostituirse en un chalet de la Avenida de Europa.
La sección penal de los tribunales ordinarios dirime las responsabilidades penales de una trama dedicada a la trata de seres humanos con fines comerciales. La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes las sesiones del juicio contra cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal que, presuntamente, introducía de forma ilegal en España a mujeres de origen sudamericano para explotarlas sexualmente en una casa de citas ubicada en el municipio de Pozuelo de Alarcón.
El Ministerio Fiscal solicita para los encausados penas privativas de libertad que oscilan entre los cinco y los trece años de prisión por la presunta comisión de delitos de inmigración ilegal, explotación sexual, amenazas e integración en banda criminal. Durante la fase de cuestiones previas que ha abierto la vista oral, los letrados de los defensores han formalizado una petición técnica para decretar la nulidad del volcado informático de los teléfonos móviles incautados, así como la invalidez de los testimonios prestados ante dependencias policiales tras las detenciones.
Desde una perspectiva de libre competencia judicial y plenas garantías procesales, el principal acusado y presunto jefe de la red ha rechazado los cargos durante su turno de interrogatorio. El procesado ha negado haber financiado o facilitado la entrada clandestina de personas en territorio nacional y haber ejercido de intermediario laboral en el ámbito de la prostitución. En su comparecencia, ha manifestado que su actividad comercial se limitaba al arrendamiento de habitaciones individuales en un chalet, desvinculándose de la gestión de cualquier local de alterne.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa el origen de la actividad delictiva a principios del año 2020. El Ministerio Público sostiene que la red captaba a las víctimas en sus países de origen, principalmente en Venezuela, costeando su traslado aéreo a España a cambio de una deuda contraída de entre 3.000 y 5.000 euros. Para saldar dicho importe, las mujeres eran presuntamente obligadas a ejercer la prostitución en un inmueble de la Avenida de Europa de Pozuelo de Alarcón bajo un régimen de disponibilidad permanente.
Finalmente, el desglose de las peticiones fiscales sitúa la mayor carga penal sobre el considerado líder de la banda, quien se enfrenta a una solicitud de trece años de reclusión e inhabilitación: siete años por un delito de inmigración ilegal con el agravante de organización delictiva y otros seis años por dos delitos de lucro de la explotación sexual ajena. El resto de las encausadas afrontan penas de entre cinco y seis años de cárcel debido a su presunta implicación en los canales de captación, captación de clientela en plataformas de anuncios y delitos de amenazas coercitivas hacia las víctimas.
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