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La Comunidad obliga al Colegio Americano a readmitir a las hijas del ucraniano asesinado en Pozuelo
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha ordenado al Colegio Americano de Madrid la readmisión de las tres hijas del ciudadano ucraniano asesinado a tiros a las puertas del centro educativo en Pozuelo, al considerar que su expulsión vulneró el derecho fundamental a la educación. La resolución da la razón a la madre de las menores, que denunció haber sido apartadas del colegio por supuestos motivos de seguridad tras el crimen.
El departamento autonómico, tras analizar el caso desde el punto de vista de la seguridad jurídica, concluye que las menores fueron privadas de su escolarización por una circunstancia personal que afectaba a su familia, sin que existiera ninguna falta grave de disciplina ni impago de los servicios educativos que pudiera justificar una medida de ese calibre. La Consejería subraya que ninguna de las causas recogidas en el propio reglamento del centro amparaba la decisión adoptada.
En aplicación del artículo 16.1 del Decreto 19/2010, la Administración educativa ha requerido al titular del centro que subsane de forma urgente la irregularidad detectada. El mandato fija un plazo máximo de diez días para anular la expulsión y proceder a la readmisión de las tres alumnas, al tratarse de una vulneración grave de derechos.
Desde el Colegio Americano han manifestado su desacuerdo con la resolución y han anunciado que la recurrirán. En declaraciones a El Mundo, la dirección del centro sostiene que el expediente no está cerrado y que presentarán escritos, argumentos y alegaciones al considerar que aún no se ha escuchado su versión de los hechos. Defienden que, tras el asesinato, se actuó pensando tanto en el interés de las niñas como en el del resto de alumnos.
El centro reconoce que el crimen generó un fuerte impacto en la comunidad educativa y un trauma relacionado con la seguridad. Según su versión, hubo padres que expresaron abiertamente su miedo ante la posibilidad de que los hechos pudieran repetirse. La dirección recuerda que se trata de una comunidad mayoritariamente internacional, formada por hijos de diplomáticos, empleados de embajadas, consulados y multinacionales, especialmente sensibles a este tipo de situaciones.
El Colegio Americano afirma que la decisión de que las menores no continuaran en el centro contó con el respaldo de psicólogos y profesionales de la salud mental. Aseguran que se trató de minimizar los traumas derivados de lo ocurrido y de evitar que otros alumnos trasladaran a las niñas comentarios inapropiados sobre el asesinato de su padre.
El abogado de la familia, Pedro Resino, sostiene que las menores fueron expulsadas en el momento más duro de sus vidas y sin que existiera causa alguna que lo justificara. A su juicio, resulta especialmente grave que un centro de reconocido prestigio optara por dejar desamparadas a las niñas tras una situación tan extrema, tratándolas como un riesgo para la propia institución en lugar de protegerlas.
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