CSIF denuncia irregularidades en los juzgados de Pozuelo por la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia
La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha denunciado la situación crítica que se está viviendo en catorce partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de Pozuelo de Alarcón, a raíz de la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia.
Esta reforma responde a la entrada en vigor de la primera fase de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (LOMESPJ), y desde su puesta en marcha el pasado 1 de julio, está generando graves disfunciones organizativas.
Los partidos judiciales afectados son Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Leganés, Coslada, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Majadahonda, Navalcarnero, Parla, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna, Pozuelo de Alarcón y el propio Alcorcón —mencionado dos veces por el sindicato por el volumen de incidencias—. En todos ellos se están registrando dificultades para el traslado de los expedientes judiciales en papel a las nuevas dependencias de la Oficina Judicial, con serias afectaciones tanto para la operatividad como para la salud laboral de los trabajadores.
En el caso de Pozuelo de Alarcón, CSIF destaca con especial preocupación la falta de medios para ejecutar estos traslados, ya que se está requiriendo a los funcionarios judiciales que, sin formación ni atribuciones legales para ello, se encarguen del porteo y la manipulación física de grandes volúmenes de documentación. Según denuncia el sindicato, se ha llegado al extremo de montar torres de expedientes sobre carros, labor que se aleja por completo de las funciones establecidas para el personal judicial, recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Real Decreto 1451/2005, regulador del régimen funcionarial.
Lejos de dictar resoluciones formales y motivadas que pudieran ser impugnadas legalmente, los Letrados de la Administración de Justicia han optado por dar órdenes verbales o transmitirlas por correo electrónico, invitando a los funcionarios a asumir estos trabajos en nombre de la “solidaridad” del equipo. CSIF advierte de que, de producirse alguna lesión durante estas tareas, la Administración podría eludir responsabilidades al no constar una instrucción escrita.
Ante esta situación, el sindicato ha dirigido un escrito a la Dirección General de Infraestructuras y Medios Materiales de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ha reconocido por escrito que el transporte de documentación corresponde exclusivamente a una empresa externa, contratada expresamente para esa finalidad. Sin embargo, dicha empresa no está actuando en ninguno de los juzgados afectados, lo que deja al personal judicial expuesto a realizar funciones impropias bajo una forma de coacción encubierta.
El sindicato denuncia así un doble atropello: la existencia de una empresa que cobrará un servicio que no está prestando, y la imposición tácita a los funcionarios de labores físicas sin respaldo normativo. Por este motivo, CSIF se ha vuelto a dirigir tanto a la Dirección General de Infraestructuras Judiciales como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, exigiendo el cumplimiento estricto de la legislación vigente para evitar daños físicos y legales al personal.
De persistir la situación, la organización sindical anuncia que llevará el caso ante el Comité de Seguridad y Salud y la Inspección de Trabajo, reservándose además el derecho a recurrir cualquier instrucción contraria a derecho. En el caso de Pozuelo de Alarcón, la situación es especialmente preocupante al tratarse de una sede judicial con limitaciones de espacio y recursos, y donde los trabajadores están soportando una presión indebida por una reorganización mal planificada.
Escribir un comentario