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Los trabajadores municipales interinos de Pozuelo frente a los sindicatos y la alcaldesa

Los trabajadores municipales interinos de Pozuelo frente a los sindicatos y la alcaldesa

Se rumorea entre los funcionarios y trabajadores laborales en el Ayuntamiento de Pozuelo que el sindicato UGT quiere acelerar el proceso de consolidación. Sin embargo, en la anterior asamblea de trabajadores todos los sindicatos se comprometieron a exigir al equipo de gobierno municipal que retrasara este proceso hasta el último trimestre de 2020. El objetivo es esperar a la sentencia que emitirá el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el próximo 19 de marzo, que será de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. Una vez conocida la sentencia los trabajadores motivaban la petición de retraso en dejar un tiempo de estudio prudencial si al final se convocaban oposiciones para los interinos.


Si los rumores son ciertos -las fuentes que maneja Diario de Pozuelo son fidedignas-, sería traicionar a todas aquellas personas que quieren esperar, que son la mayoría, y que se lo han pedido por activa y por pasiva a los representantes sindicales muchas veces. Y los sindicatos se comprometieron en asamblea a luchar por retrasar esa OPE.

Muchos trabajadores municipales califican de “llamativo” el mutismo absoluto que campa entre los sindicatos a la hora de informarles de estos asuntos. Hay quien dice que parece que representan más a los políticos que a los trabajadores municipales. Y alguno incluso va más allá: están informándose sobre los pasos a seguir para constituir un sindicato distinto, en el que se sientan representados, en el Ayuntamiento de Pozuelo

Además, según ha trascendido, el equipo de gobierno de la popular Susana Pérez Quislant no quiere saber nada de concurso de méritos para los trabajadores laborales. Quiere que se examinen en una oposición. A la vista de estos rumores que circulan por la casa consistorial -cosas que nadie desmiente- muchos empleados públicos se están planteando demandar al Ayuntamiento incluso antes de que se produzca la sentencia del TJUE el 19 de marzo.

La cosa está más enrevesada aún. Entre el personal laboral interino del Ayuntamiento de Pozuelo, y de otras muchas administraciones del país, los hay que han sido contratados después de una entrevista, a otros les bastó un concurso de méritos, otros pasaron un examen-oposición, y otro grupo fue sometido a concurso-oposición con el mismo temario y requisitos que los que se exigen a cualquier funcionario para obtener su plaza.

Por ello, no todos los laborales del Consistorio quieren que se les trate de igual modo. Por supuesto, la mayoría rechazan un examen que, en algunos casos ya tuvieron hace años, y en otras situaciones -por edad y por cargas familiares- se sienten incapaces de estudiar un temario y competir con jóvenes que pueden llevar años estudiando un temario para opositar. No obstante, les diferencia de un joven opositor la experiencia: muchos años de bagaje profesional en el consistorio y por lo tanto, un menor coste para esta administración que tendría que empezar a formar a los nuevos trabajadores.

Para el personal laboral de Pozuelo es muy importante que se distingan los laborales por oposición, por concurso oposición y sólo por méritos o por entrevista. Y que el Ayuntamiento aporte una solución adecuada en cada caso. Además muchos han opositado para una plaza de interino con el objeto de cubrir servicios estructurales y de nueva creación en la Administración, lo que parece sugerir que esas plazas ya salieron con una clara intención de ser indefinidas.

Estas circunstancias han llevado a que un número creciente de trabajadores municipales se estén planteando demandar al Ayuntamiento y están acudiendo por grupos a gabinetes de abogados expertos en derecho laboral o administrativo.

En el caso del personal laboral interino, la respuesta de los expertos en derecho es unánime: por jurisprudencia, en estos momentos es automático que un tribunal de lo social dictamine que el Ayuntamiento tiene que conceder al que denuncia una curiosa categoría: personal indefinido no fijo.

El personal indefinido no fijo nace en el año 1996 como creación jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para salir al paso de los fraudes cometidos por  las Administraciones Públicas en la contratación del personal interino. 

Además, ya hay varios casos en el territorio español en los que los tribunales han dictaminado, no ya el cambio de la relación laboral a indefinido no fijo, sino incluso que han obligado a la Administración a la contratación como personal fijo.

Entre el personal funcionario interino también hay distingos. Algunos lo son por concurso-oposición. Otros pasaron una primera prueba pero no las posteriores. Se quedaron entonces en una una bolsa de trabajo y posteriormente los llamaron para incorporarse al Ayuntamiento.

Eso sí, se hace necesario demandar antes de que el Ayuntamiento de Pozuelo convoque  plazas fijas para sustituir a los interinos -por llamarlas de alguna manera-, pues muchas personas en esta y otras administraciones llevan décadas trabajando en fraude de ley-.

En los pasillos del Ayuntamiento cunde el pánico. Parece ser que el gobierno municipal quiere aprobar ya en marzo la Oferta Pública de empleo. Y a partir de ahí se abriría el cauce para convocar un concurso oposición para las plazas que vean convenientes, y que sustituyan a las que ahora están en precario, con la relación laboral de interinos.

Demandar tiene que ser ahora o nunca. Una vez convocada la plaza que cubrirá el puesto interino ya no es posible paralizar el proceso que la mayoría tildan de injusto e ilegal.

Así las cosas, los sindicatos están recibiendo desde ayer un aluvión de Correos electrónicos de los trabajadores, con el siguiente texto: “Debido a los rumores sobre la aceptación y apoyo de los sindicatos CCOO, UGT y CSIT a la aprobación inminente de la OPE correspondiente a los procesos de estabilización y consolidación, rogamos nos informéis detalladamente y a la mayor brevedad posible sobre dicha situación. Recordaros que en la última asamblea se acordó negociar con la administración que la publicación de la OPE fuera a finales de 2020, con el objeto de evitar su caducidad y dar un margen de tiempo prudencial y suficiente para que se produjeran los posibles cambios normativos que estabilizaran los puestos ocupados en fraude de ley de forma más justo y segura para todos nosotros.”

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