El Interventor Municipal de Pozuelo podría ser denunciado por prevaricación

Según ha podido saber Diario de Pozuelo, varias asociaciones, tanto culturales como de diversa índole, que han solicitado alguna subvención al Ayuntamiento en los últimos años, han protagonizado ya algunas reuniones con el fin de valorar la posibilidad de denunciar al Interventor municipal por un delito de prevaricación continuada.

Después de la noticia adelantada en exclusiva por este periódico, varias asociaciones se han dirigido a nuestra redacción para contarnos que han experimentado percances parecidos al que ha ocurrido este año a la asociación Cultural Cauro, con los hechos contados aquí, que obligaron a esta entidad a denunciar al Ayuntamiento y ganar la demanda.

Al parecer, es un sentir generalizado entre las asociaciones la inseguridad que sufren cuando deben aportar los documentos justificativos, habitualmente facturas, para cobrar las subvenciones que el Ayuntamiento de Pozuelo les otorga. Aunque el Consistorio les concede una subvención, hay elementos que quedan a merced de la interpretación posterior del interventor José Luis San Segundo. Incluso, en muchos casos, enmendando las decisiones de los organismos competentes. Fuentes jurídicas consultadas por Diario de Pozuelo nos confirman que para incoar la denuncia por prevaricación sería suficiente con probar varios casos, en los que se pueda demostrar una decisión arbitraria de este interventor.

Este periódico se ha puesto en contacto con algunos concejales del Ayuntamiento de Pozuelo, cuyo enojo con este habilitado nacional es manifiesto, pues se da con frecuencia la paradoja de que San Segundo redacta informes negativos que paralizan o ralentizan muchos proyectos de la mayoría de las concejalías.

Puestos al habla con alguno de estos concejales, que prefiere mantener el anonimato, confirma al redactor de esta información que "cuando San Segundo redacta algún reparo, nadie se atreve a levantarlo, según están las cosas, con la judicialización existente en la política". Pone además como ejemplo un precedente que ya tuvo lugar cuando este Interventor acudió al juzgado de Pozuelo en el caso Cárcavas para hacer valer un reparo que había puesto y al que no se le había tenido en consideración. El asunto terminó con varios de aquellos concejales imputados, aunque luego se les levantara esa investigación. Por ello, alega la fuente, nadie quiere arriesgarse a sufrir esa pena de periódicos y de telediario, aunque luego la justicia les dé la razón posteriormente.

Esas mismas fuentes manifiestan su estupor de que la alcaldesa Quislant no tome cartas en el asunto y abra un expediente a quien no deja de ser un funcionario. El ayuntamiento que dirigía Paloma Adrados ya lo tuvo fácil cuando se destapó que San Segundo ejercía también la función de interventor en el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, sin haber solicitado la preceptiva declaración de compatibilidad. En aquel momento el entonces primer teniente de Alcalde, Diego Lozano, puso en marcha ante la Comunidad de Madrid el mecanismo sancionador, que Paloma Adrados no quiso continuar.

En todo caso, parece que San Segundo tiene diversas varas de medir, sin que estén muy claros sus criterios, al menos para la gente que trabaja con él, o que tiene que sufrir sus informes de reparo con fundamentos bipolares, como nos confirma otro concejal: "a veces el Interventor dice una cosa, y otras, sobre el mismo tema, opina lo contrario", lo que supone una inseguridad muy grande en la toma de decisiones del equipo de gobierno.

Una asociación que ha plantado cara al Ayuntamiento de Pozuelo

La Asociación Cultural Cauro había presentado un proyecto para desarrollar una página web en la pasada convocatoria de subvenciones culturales. A través de esa página todas las asociaciones de Pozuelo podían publicar por sí mismas, y sin necesidad de intermediarios, las noticias y actividades que realizan en el municipio, con el propósito de dar visibilidad al tejido cultural y asociativo de Pozuelo de Alarcón.

Presentado el proyecto, recibió la aprobación del órgano instructor de la convocatoria y del Consejo Rector del Patronato de cultura. Con la seguridad de que la asociación recibiría una subvención del 50% de lo invertido, se aventuró a realizar los gastos previstos. Sin embargo, para sorpresa de la entidad cultural, cuando entregan las facturas para obtener su reintegro, la Intervención Municipal que dirige San Segundo la deniega, en contra del criterio del máximo órgano de Cultura.

Ante la inseguridad jurídica producida, y ante un hecho por parte del Ayuntamiento manifiestamente injusto, la Asociación Cultural Cauro decidió interponer un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Madrid, por los muchos perjuicios ocasionados. Afirmaban también que "no es el primer año que quedamos a merced de estas arbitrariedades del interventor municipal".

Ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 23 de Madrid les ha dado la razón, sin posibilidad además de que el propio Ayuntamiento de Pozuelo pueda recurrir el fallo. Se condena al Consistorio al pago de la subvención, de 4.000 euros, a la vez que se le imponen las costas por un importe de 300 euros.