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Pozuelo de Alarcón

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Injusta expropiación

Injusta expropiación

Estimado director,


Mi familia y yo nos dirigimos a usted en calidad de ciudadanas de Pozuelo de Alarcón para exponer una situación que llevamos soportando durante demasiado tiempo, y que consideramos necesario dar a conocer públicamente a través de las páginas del Diario de Pozuelo.

En 2006, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprobó un plan de ejecución (APR-4.2-01B) que implicaba la expropiación forzosa de más de la mitad de nuestro jardín, situado junto a nuestra vivienda en la Colonia San José. Nos prometieron indemnizarnos por la transacción, pero 19 años después, aún estamos esperando el pago.

El Ayuntamiento ha cambiado repetidamente de planes y estrategias, ofreciéndonos nula Transparencia en el proceso, con falsas esperanzas y vagas palabras. En primer lugar, el Ayuntamiento declaró la imposibilidad para realizar la monetización ofreciendo a cambio una permuta por justiprecio expropiatorio. Nos ofrecieron en dos ocasiones un terreno en la misma colonia San José que aceptamos pero el Ayuntamiento se retractó y después uno en la Pinada con el mismo resultado. Más tarde nos ofrecieron dinero pero con los costes desactualizados durante casi dos décadas, es decir, pretendían pagarnos lo que costaba el terreno cuando se aprobó el plan de expropiación 15 años atrás. Además, en todo este tiempo, este proceso sólo nos ha costado dinero (consultas de abogados, en tasaciones) y el Ayuntamiento nos obliga anualmente mantener el terreno expropiado (el cual ni ellos ni nosotros podemos usar) limpio de rastrojos para evitar incendios.

En 2020 decidimos llevar el caso al Jurado Territorial de expropiación para establecer un justiprecio. El Jurado es un órgano colegiado de la Administración General del Estado, presidido por un magistrado, que cumple una función de naturaleza imparcial para determinar el justo precio de los bienes a expropiar cuando no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes en la indemnización.

El Jurado estableció el justiprecio del terreno en septiembre de 2021, comunicando al Ayuntamiento lo que nos tenían que pagar. Aunque el Ayuntamiento dijo que aprobaría el presupuesto cuando recibió la sentencia del Jurado, fueron de nuevo palabras vacías. La legislación requiere un plazo de máximo 6 meses a partir de la determinación del justiprecio, pero aún (dos años y medio después), no hemos recibido nada. El Ayuntamiento alega problemas en los trámites burocráticos y falta de motivos presupuestarios. El Ayuntamiento más rico de España. 

Esta situación no solo es injusta, sino también ilegal, y pone de relieve una cuestión más amplia de derechos de propiedad en España y el poder que el gobierno local puede ejercer a coste de las propiedades de sus ciudadanos. Los propietarios expropiados tenemos derecho a una indemnización justa según la legislación, y es inaceptable que el Ayuntamiento esté ejerciendo su poder de manera tan injusta. Esperamos que este testimonio sirva para que nuestra situación no se repita y para reflexionar sobre los derechos de los propietarios en expropiaciones realizadas por el gobierno.

Queremos agradecerle sinceramente el tiempo que ha dedicado a leer esta carta, y esperamos realmente que su diario nos ayude a difundir esta denuncia.

Atentamente,

Sara Herreras Martínez

(también en nombre de mi hermana Mónica Herreras Martínez, mi madre Dolores Martínez del Olmo y mi padre, Miguel Angel Herreras Linares, que en paz descanse, que fue el que empezó a mover este proceso con el Ayuntamiento y nunca consiguió ver la resolución en vida)

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