Un estudio de la Carlos III recuerda a la alcaldesa Quislant que la publicidad institucional no debe beneficiar a medios afines
Parece que la arbitrariedad de algunos políticos del montón va quedando al descubierto. Recordemos que este periódico, líder de audiencia y de rápida respuesta en la publicación de las informaciones de Pozuelo, lleva años sin recibir ni un euro de publicidad institucional del Ayuntamiento.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, que ya va de salida, ha tomado el Ayuntamiento como si fuera su cortijo andaluz, aunque ella es de un pueblo de Toledo. Y ha dado órdenes expresas a los trabajadores municipales para que este periódico no reciba ni un euro del erario público.
En su lugar prefiere repartir migajas entre otros medios locales y prodigar a manos llenas entre los medios de comunicación nacionales. Cosas de la arbitrariedad y del mal gobierno cuyo presupuesto es usado como arma arrojadiza para castigar a los que no publican lo que quiere y como quiere el político de turno.
Encarando ya el final de la legislatura van saliendo algunas noticias que descubren que este modo de proceder no es exclusivo de politicastros subvencionados desde su juventud porque no saben trabajar en ninguna empresa privada. Es una práctica extendida entre políticos bisoños de un lado y de otro del espectro político.
Un estudio realizado por la Universidad Carlos III, en colaboración con la Autónoma de Barcelona y la de Castilla la Mancha reclama cambios legislativos para que la publicidad institucional no beneficie a medios afines.
Este grupo de profesores afirman que han constatado cómo gobiernos de diferente signo y a todos los niveles -estatal, autonómico y local- «benefician económicamente a empresas mediáticas afines», al tiempo que aseguran haber podido demostrar que los anuncios públicos «no siempre responden a criterios fácilmente comprensibles, como serían las cuantías y los perfiles de las audiencias».
Además, como ha ocurrido también en Pozuelo, el estudio habla de «graves problemas de transparencia» relacionados con los procedimientos de planificación y contratación, y en cuanto a los datos específicos sobre transferencias de fondos públicos a medios concretos. Afirman que, salvo excepciones, solo se publican cifras globales de inversión total en las campañas, y por sectores, pese a las resoluciones sobre esta materia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El estudio concluye que es necesario reformar la Ley 29/2005 de publicidad y comunicación institucional, y proponen que una futura norma obligue a que se explicite con detalle cómo se articulan en cada caso los procesos de creatividad, planificación, contratación y evaluación de las campañas.
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