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El Gobierno recurre el cierre del centro de refugiados y solicita medidas cautelares

El Gobierno recurre el cierre del centro de refugiados y solicita medidas cautelares

El Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia contra la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que decreta el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha solicitado además la adopción de medidas cautelares para evitar la clausura inmediata del centro mientras se resuelve el conflicto legal.


Fuentes del Ministerio han confirmado este jueves que están a la espera de una resolución judicial. El CREADE de Pozuelo, ubicado en un edificio cedido por la Seguridad Social a Migraciones en 2022, fue habilitado como respuesta a la emergencia humanitaria provocada por distintas guerras, entre ellas la de Ucrania. Según el departamento que dirige Elma Saiz, en estos años el centro ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal, sin que hasta hace unos meses se registrasen conflictos con la administración local.

En la actualidad, el centro acoge a 125 personas, todas ellas mujeres refugiadas, principalmente ucranianas con estatuto de protección temporal, así como mujeres latinoamericanas y afganas solicitantes de protección internacional, que residen allí junto a sus hijos menores.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo, la alcaldesa Paloma Tejero ha reafirmado su voluntad de ejecutar la clausura del centro. En una carta remitida a la ministra Elma Saiz, la regidora popular ha reclamado información sobre el estado legal de la instalación y ha advertido de que se agotarán todos los recursos legales para hacer cumplir la resolución municipal.

El consistorio acordó el pasado mes de septiembre el cese definitivo de la actividad del CREADE, fijando un plazo de cuatro meses para el realojo de las más de 400 personas que residían entonces en el centro. El plazo expira el próximo 17 de enero de 2026. Según ha detallado la alcaldesa, desde entonces el Ministerio no ha comunicado al Ayuntamiento ningún plan de actuación ni ha solicitado el título habilitante necesario para continuar con la actividad del centro, lo que, a juicio del gobierno municipal, incumple la legalidad urbanística vigente.

Tejero también ha cuestionado que el Gobierno organizara un acto institucional por el Día del Migrante en el propio centro, sin haber invitado a las autoridades locales, a pesar de que la instalación está pendiente de clausura. En su misiva, reprocha a la ministra que no se haya pronunciado sobre la situación jurídica del CREADE ni sobre los pasos a seguir para cumplir con la resolución dictada por el Ayuntamiento.

Según ha recordado la alcaldesa, el Ministerio tenía un plazo de quince días para solicitar el título habilitante y dos meses para recurrir la decisión municipal, plazo que, de acuerdo con el Ayuntamiento, venció el pasado 17 de noviembre. A falta de notificación formal, el consistorio asegura no tener constancia de que el recurso haya sido presentado en tiempo y forma. “El Ayuntamiento no se va a quedar quieto”, ha advertido Tejero, reiterando que la orden de cierre debe cumplirse.

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