Imputado el presidente de la Junta de Compensación de ARPO
El Presidente de la Junta de Compensación del Área de Reparto de Pozuelo Oeste (ARPO), Francisco Javier Guridi, ha sido imputado por supuestos delitos de apropiación indebida y delito societario, junto con sus colaboradores y socios en el Grupo Inmobiliario BOJ David Segarra y Marta Sacristán.
El Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la mayoría de socios de la empresa 'Proyecto ARPO Vivienda Joven, S.L.' contra Francisco Javier Guridi, David Segarra, Marta Sacristán y las empresas del Grupo inmobiliario Boj por supuestos delitos de apropiación indebida y delito societario, admisión que ha sido respaldada por el Ministerio Fiscal "sin perjuicio de ulterior resolución".
Entre otros hechos presuntamente delictivos, en la querella criminal se dice que los imputados se apropiaron de más de 80.000 euros de la sociedad contabilizándolos como una cuenta corriente entre empresas del grupo y justificándolo como una 'pignoración' cuando se descubrió; que se valieron de unas facultades de dirección entre las que se incluían poderes dispositivos para transferir el patrimonio de la sociedad querellante que ellos administraban a otras en las que también gozaban de una posición prevalente mediante la compraventa de terrenos que incumplían los acuerdos firmados entre las partes; que no se informó debidamente de las operaciones de compraventa realizadas ocultando que las vendedoras de los terrenos eran sus propias empresas; que compraron terrenos a precios por metro cuadrado muy superiores a los establecidos en el contrato de gestión; y que contrajeron obligaciones futuras a nombre de la sociedad –como un préstamo con garantía hipotecaria– para las que no estaban legalmente autorizados ni hubieran sido necesarias de haber cumplido los acuerdos por ellos mismos propuestos.
Según los querellantes, los imputados conocían perfectamente que las viviendas no se podrían entregar en 2009, eran conocedores de las previsiones de ejecución del proyecto y, especialmente, de que la obligatoria construcción de un colector-interceptor de aguas pluviales en Pozuelo retrasaría en varios años el proyecto. Según éstos, tanto conocían la situación los gestores, que Javier Guridi es presidente de la Mancomisión Gestora del Colector-Interceptor. "A pesar de ello no solo no informaban a los administrados clara, exacta y suficientemente, sino que en las sucesivas juntas de socios no revelaban la situación real de parálisis total y se les daba información manipulada". De hecho, el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprobó en 2010 el plan especial para la construcción de ese colector y en la fecha de esta información, septiembre de 2012, ni el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ni la Junta de Compensación se atreven a dar una fecha de inicio de las obras.
El pasado mes de julio, durante un consejo de administración de una de las sociedades gestionadas, los representantes de BOJ se refirieron a la situación de insolvencia del grupo y a la inminente presentación de Convenio anticipado, como paso previo al Concurso de Acreedores. Por consiguiente, la situación actual de Boj puede ocasionar mayores quebraderos de cabeza a los damnificados, que podrían no recuperar ni uno sólo de los más de 2.000.000 de euros entregados a Ivi siglo XXI por contrato de gestión.
La mayoría de los perjudicados son jóvenes menores de 35 años que adquirieron sus participaciones en la sociedad 'Proyecto Arpo Vivienda Joven, S.L.' y basaron su proyecto vital en la publicidad y en las promesas de BOJ. Ahora han visto cómo sus sueños se han convertido en una auténtica pesadilla -muchos de ellos no se han podido casar o, quienes lo han hecho y tienen hijos, han necesitado alquilar otra vivienda - y cómo los 77.000 euros a cuenta por cada vivienda pueden esfumarse por completo.
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