La Comunidad y el Ayuntamiento crearán una Aceleradora de Inversiones en Pozuelo

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón han firmado hoy un convenio para la creación de una Aceleradora de Inversiones en la ciudad. Este acuerdo, firmado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y la alcaldesa, Paloma Tejero, tiene una duración de cuatro años y no implica costos para ninguna de las partes.

El objetivo de la Aceleradora es agilizar la tramitación de proyectos de interés regional, dando prioridad a aquellos que generen más de 50 empleos indefinidos o cuya inversión no inmobiliaria exceda los 10 millones de euros. Estas iniciativas se considerarán prioritarias para reducir los tiempos de gestión y comenzar sus actividades lo más pronto posible.

La consejera Albert destacó el compromiso de trabajar para que Madrid siga siendo una región atractiva para empresas y trabajadores, enfocándose en la reducción de trabas administrativas. Por su parte, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón colaborará designando dos representantes locales y facilitando información relevante para el desarrollo de los proyectos. Esto incluye trámites municipales y cumplimiento de normativas, especialmente en casos con impacto urbanístico.

Por su parte, la alcaldesa Paloma Tejero, ha recordado que la puesta en marcha de esta Aceleradora, “es una de las propuestas incluidas en mi compromiso electoral puesto que con ella queremos atraer a nuestra ciudad proyectos de inversión de mayor valor añadido que generan riqueza y empleo”.

La Aceleradora de Inversiones, activada este año por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, busca mejorar la coordinación interna en la tramitación de proyectos de inversión de especial interés. Un grupo de trabajo integrado por diferentes consejerías y entidades locales con competencias en la materia se encargará de facilitar el desarrollo de los proyectos, ofreciendo una única interlocución.

Las solicitudes tramitadas a través de la Aceleradora se atienden en menos de 30 días. Aquellas calificadas favorablemente seguirán un procedimiento de urgencia. Además, se permitirá la presentación de solicitudes en inglés y se realizará un seguimiento constante ante los órganos competentes de las administraciones públicas, asegurando una coordinación eficiente entre ellas.