Quislant formará parte de la Comisión Especial de Cuentas y Contratación de la FEMP

La Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha sido nombrada hoy como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), junto con Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, y Gema Igual Ortiz, alcaldesa de Santander.

El nombramiento ha tenido lugar durante la celebración de la primera Junta de Gobierno del mandato 2019-2023 de la FEMP cuyo objetivo, según ha manifestado el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Estepona, José María García Urbano, es que se cumplan las reivindicaciones municipales. Así, el Grupo Popular (GPP) en la institución trabajará “desde la unidad y el consenso, que son los criterios y los principios que rigen esta Federación”, ha señalado.

En este sentido, Pérez Quislant, junto al resto de miembros del PP que componen la FEMP, han recordado al gobierno que “no sirve de excusa que el ejecutivo esté en funciones” y que “el PP va a exigir compromisos y fechas concretas en relación a los temas relacionados con la financiación”.

Además, han hecho hincapié en que “el PP va a trabajar con toda intensidad y vamos a recordar que los principales problemas de los municipios, son los de la financiación y que se arrastran desde hace muchos años”.

En este punto, se han referido a la flexibilización del techo y la regla de gasto, a la necesidad de reinvertir el superávit y a la ampliación de las materias en las que pueden hacerse inversiones financieramente sostenibles, entre otras. Y han mostrado su preocupación porque “existen otras cuestiones que no afectan tanto al funcionamiento de las instituciones municipales sino directamente a los ciudadanos y ésas nos preocupan todavía más”.

Por eso, Pérez Quislant y el resto de miembros del GPP han explicado que “vamos a exigir que se clarifique desde ya qué va a pasar con el impuesto de plusvalías que, en el caso de transferencia de inmuebles, tiene un efecto completamente confiscatorio e injusto para los ciudadanos” y, han añadido que “esta es una situación que, por sentido común, tiene que estar ya regulada, normalizada y aclarada”.