Obligan al desalojo de una residencia de ancianos por la deuda de sus propietarios

La Residencia Margarete de Pozuelo ha sido subastada y vendida a un empresario. Como consecuencia de esto, todos los residentes deberán abandonarla durante el día de hoy por orden judicial y serán trasladados a residencias temporales. La deuda que contrajo la dirección del centro con varias entidades de crédito ha sido la causa del desalojo.

El edificio, situado en la calle de Juan Díaz Mula nº 5 de nuestro municipio, debe quedarse vacío antes del miércoles por orden judicial, aunque la mayoría de los familiares y los ancianos no conocen aún el lugar exacto donde serán trasladados. Las familias de los ancianos se quejan de que sus familiares serán trasladados a una residencia temporal de la Comunidad de Madrid, donde pueden permanecer un máximo de tres meses. Pasado ese periodo, cada familia tendrá que buscar por su cuenta para encontrarles una nueva plaza geriátrica.

Las familias de los seis ancianos destinados a una residencia temporal denunciaron ayer en la Comisaría de Pozuelo a los Servicios Sociales municipales, porque consideran que no les facilitaron toda la información y se sienten engañados.

Una portavoz de la Consejería explicó ayer que el desalojo de Pozuelo es un asunto «estrictamente privado» que deben resolver entre la dirección del centro y el nuevo propietario del inmueble. Para no dejar a los ancianos en la calle, los servicios sociales regionales se han hecho cargo de la distribución de los residentes entre centros permanentes y temporales, que aún desconocen los propios afectados.


<"; color: #000066;">Una historia que comenzó con una deuda hipotecaria de 2.400 euros

Esta historia comenzó en 1986, cuando la directora de la residencia no pudo pagar una deuda hipotecaria de 2.400 euros a Ibercaja, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Se inició un juicio en Zaragoza y el inmueble salió a subasta pública. La Caja de Zaragoza se hizo con el terreno por 216.364 euros. En 1999, el juzgado decretó que el edificio tenía que pasar a manos del banco que lo había adquirido. Las gestoras de la residencia presentaron diversos escritos que fueron desestimados y en abril de 2004 se ordenó por primera vez el desalojo del centro geriátrico.

No llegó a producirse el desalojo porque ambas partes acordaron que la directora comprara el edificio. Su hija asegura que lo tasaron en 798.000 euros, que estaban dispuestas a abonar. Pero el acuerdo nunca se cerró y finalmente el inmueble salió a subasta. Ahora pertenece a un empresario que no está interesado en el geriátrico, rodeado de modernos chalés.