Susana Pérez Quislant declaró ante la Guardia Civil por el caso de la depuradora de Húmera

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, declararó en Tres Cantos ante la Guardia Civil por el presunto delito ambiental derivado de la gestión de la depuradora de Húmera.

Diferentes altos cargos relacionados con las concejalías responsables de la depuradora desde el año 2005 están llamados a declarar ante la Guardia Civil en el marco de una investigación que comenzó tras la denuncia de un vecino del barrio de Húmera en abril de 2017. La denuncia fue anunciada en Pleno por el portavoz de Somos Pozuelo, Pablo G. Perpinyà, en abril de 2017 tras la presentación de una moción en la que se pedían “soluciones urgentes ante la situación de la depuradora de Húmera”.

La investigación, además de un posible delito medioambiental continuado, se centra en diversas reformas que se han realizado en la depuradora desde el año 2005 y que carecerían de del Informe de Impacto Ambiental preceptivo. De confirmarse esta circunstancia podríamos estar, además, ante un delito de prevaricación.

Si el martes declararon Mónica García Molina y Félix Alba, el miércoles fué el turno a partir de la 11 de la mañana para Eduardo Oria, Pablo Gil, Isabel Pita y Susana Pérez Quislant. También han sido llamados a declarar los exconcejales Mariano Pérez-Hickman, Jose Antonio Sáenz, Diego Lozano, Gonzalo Aguado y un funcionario de urbanismo. Los concejales que actualmente forman parte de la corporación serán acompañados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, mientras que el resto llevarán abogados propios.

Así, la Guardia Civil ha llamado a prestar declaración a todos los concejales que tuvieron responsabilidad sobre la gestión de la depuradora desde su modificación en el año 2005, por lo que la Susana Pérez Quislant no declarará por su gestión como alcaldesa, sino por su época de teniente de alcalde en la pasada legislatura.

Fuentes municipales han explicado que están acudiendo a declarar por el hecho que se investiga y que, en todo caso, es un presunto delito de omisión. También han recordado que en el Pleno del pasado mes de junio y con los únicos votos del Grupo Municipal Popular, se aprobó un suplemento de crédito de tres millones y medio de euros para arreglar la depuradora. El Gobierno municipal insistió entonces en que "se está trabajando en soluciones invirtiendo el dinero y el esfuerzo que sea necesario".

La investigación se encuentra en estos momentos en fase de diligencias previas, y aunque la Fiscalía ya ha solicitado la imputación de los responsables de la gestión de la depuradora, aún no se ha imputado a nadie en la investigación. No obstante, fuentes judiciales confirman que la Guardia Civil está poniendo mucho interés en la investigación y que, a pesar de que la causa ha sido declarada compleja, la diligencias se irán llevando a cabo con rapidez.