Dos ex altos cargos del Ayuntamiento de Pozuelo, imputados por la apertura del Hospital Puerta de Hierro

Seis meses después de su imputación y declaración antes los juzgados de Majadahonda, acaba de saltar a los medios la noticia.

Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, y varios concejales del ayuntamiento, han sido imputado en dos causas, tras la petición de la Fiscalía, por permitir que el Hospital Puerta de Hierro del municipio funcionase sin licencia desde 2008.

Junto al alcalde, el juez también considera imputados a dos ex altos cargos del Ayuntamiento de Pozuelo: África Sánchez Marín, ex concejala de cultura en Pozuelo, ex concejala de Medio Ambiente y actual concejala de movilidad en Majadahonda; y Juan Carlos Pérez González, ex Jefe de Comunicación del Ayuntamiento de Pozuelo en la época de Jesús Sepúlveda, y más tarde concejal de Medio Ambiente en Alcobendas y de Urbanismo en Majadahonda.

Asimismo están imputados los concejales Javier Caballero López, Carmen Menéndez Rodríguez y Pablo García González.

Fuentes del TSJM han confirmado que el Juzgado número 4 de Majadahonda ha iniciado una causa por delitos urbanísticos por no haber sancionado al centro sanitario por abrir sin licencia, y el Juzgado número 3 le acusa de delitos medioambientales ya que el hospital no tenía licencia de vertidos residuales.

Estas mismas fuentes explican que hace un año llegaron sendas denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y se repartieron los casos ante los grueso que era la investigación. Así, se reclamó documentación a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Medio Ambiente, informes que llegaron al juzgado antes de fin de año.

En ambos casos el regidor de la localidad está en la figura de imputado y el caso llevado a cabo por el juzgado número 4 aún se encuentra en fase de diligencias previas.

Ambas denuncias fueron efectuadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y le piden la aplicación del artículo 320 del Código Penal por un delito contra la Ordenación del Territorio y por otro contra el Medio Ambiente lo que conllevaría unas penas de hasta cuatro años de cárcel.

La Fiscalía considera que el regidor tenía la responsabilidad de haber multado a la empresa concesionaria del centro por las irregularidades ya que el Puerta de Hierro no tuvo licencias desde 2008 hasta 2015.

Sobre este asunto, la Fiscalía considera que durante varias legislaturas "no adoptaron ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida ni ninguna medida sancionadora, tal como exigían los artículos 193 y 201 de la Ley del Suelo".

Los delitos medio ambientales de los que se le acusan son que el centro estuvo funcionando sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamientos y nunca realizó muestras de aguas residuales.

La Comunidad de Madrid ya reclamó 20 millones de euros a la empresa concesionaria por la existencia de 135 camas que no se encuentran en el centro.

De Foxá: "La salud de las personas está por encima de todo"

En lo relativo al posible delito urbanístico, fuente municipales aclaran que se trata de una irregularidad meramente administrativa, y que desde 2015 el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda cuenta con todas las licencias necesarias para su funcionamiento, incluidas la de primera ocupación y la licencia de vertidos.

En lo relativo a la parte medio ambiental, las acusaciones hacen referencia a los vertidos y existe un amplio informe de la Guardia Civil (SEPRONA) que manifiesta que no ha habido ninguna irregularidad penal de tipo medio ambiental. El Hospital no vierte al sistema de saneamiento nada tóxico, simplemente lo procedente del uso de las habitaciones, como lo que vierte un hotel.

Según estas mismas fuentes municipales, el Ayuntamiento de Majadahonda, en todo momento, ha actuado acorde a derecho y así consta en todos los expedientes administrativos obrantes en el Consistorio.

El Hospital se ha convertido en un centro sanitario de referencia en la Comunidad de Madrid que atiende casi 400.000 personas.

Narciso de Foxá, el alcalde imputado, ha afirmado que “tan cierto es que ha habido retrasos en la tramitación de las licencias como que está todo en orden desde hace varios años y que la salud de las personas está por encima de todo. La irresponsabilidad hubiera sido cerrar un hospital que opera anualmente a 17.000 personas ya que cerrarlo hubiera supuesto graves perjuicios para los pacientes o, incluso, fallecimientos”, concluyó De Foxá.